Fernando Puche
El diario La Opinión de Málaga publica una noticia, que firma José Antonio Sau, en la que se afirma que Fernando Puche, actual empresario de la plaza de toros de Málaga, ha sido juzgado en la Audiencia Nacional por contrabando.
Según este medio de comunicación:
“El ex presidente del Málaga Club de Fútbol y empresario Fernando Puche ha sido enjuiciado, junto a otras ocho personas, por el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre por los supuestos delitos continuados de contrabando y falsedad. Este caso salió a la luz el 16 de diciembre de 1999, cuando el naviero fue arrestado para ser puesto después en libertad bajo fianza.
Fuentes cercanas al caso y la Audiencia Nacional han confirmado a La Opinión de Málaga que Puche ha sido juzgado los días 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28 y 30 de septiembre, y el 1 de octubre. El caso fue archivado por el juzgado central instructor en 2002 –tras varios conflictos de competencia entre las audiencias Provincial y Nacional–, pero la Sala de lo Penal lo reabrió poco después tras recurrir la resolución la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La sentencia, en diciembre.
La Fiscalía Anticorrupción pidió en su escrito de conclusiones provisionales, enviado al Juzgado Central de Instrucción número 1 el 5 de noviembre de 2007, tres años de cárcel para el empresario, amén del pago de 50 millones de euros de multa y el abono de una responsabilidad civil, conjunta y solidariamente con otros dos encausados, superior a los 16 millones de euros. Al término del juicio, la Fiscalía mantuvo su petición tanto para Puche como para sus ocho compañeros de banquillo, que se enfrentan a tres años. Las multas exigidas suman 280 millones de euros y la responsabilidad civil, más de 51. El magistrado José María Vázquez Honrubia fue el encargado de dirigir el plenario.
Según consta en el escrito de calificación fiscal, Fernando Puche, a través del grupo empresarial por él dominado, al menos desde 1996, junto a otras ocho personas, trató supuestamente de «procurarse un beneficio ilícito propio con el correlativo perjuicio para el Tesoro Público mediante la ocultación al mismo de numerosas transacciones de tabaco y su auténtico destino final».
Esos negocios llevaban implícito el pago del Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco (IELT) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuantías que, siempre según el relato acusatorio, no se ingresaron en las arcas públicas.”
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