El Gobierno catalán tiene seis meses para determinar la cuantía de las indemnizaciones para aquellos que se vean afectados por la prohibición de celebrar eventos taurinos en los que el animal «muera o se le aplique las suertes de la pica, las banderillas y el estoque», como quedó especificado el pasado 6 de agosto en el texto publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Catalana, y que fue traducido en los mismo términos al Boletín Oficial del Estado publicado ayer.
Desde el inicio de este proceso se han manejado diferentes cifras que irían a parar a manos de trabajadores, empresarios y propietarios de recintos taurinos, en el caso de Barcelona es la familia Balañá, los cuales deben cesar de su actividad el próximo 1 de enero de 2012. Según un estudio difundido por la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta, la Generalitat debería desembolsar en torno a 300 millones de euros a modo de compensación por las pérdidas que supone dejar de organizar estos acontecimientos.
Fuente: La Razón. 24 Agosto 10 - P.L.C - Barcelona
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